TOBAR ZVS SPINGARN se complace en anunciar que el abogado

René de Sola Quintero se ha incorporado como socio de la Firma, donde liderará la Unidad de Seguros, Servicios Especializados y Consultoría.

René es abogado autorizado a ejercer en Venezuela y Ecuador, con más de 23 años de experiencia en el ejercicio profesional.

Realizó sus estudios de postgrado (LLM) en el Washington College of Law, American University (Washington D. C., USA), y posee una Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela).

En los últimos 15 años ha ocupado importantes cargos: Director Jurídico para Latino América, Gerente Legal & cumplimiento y Gerente Legal en compañías de seguros multinacionales con operaciones en el Ecuador, por lo que cuenta con una amplia experiencia en el área de seguros, gobierno corporativo, MA y compliance.

Le damos la bienvenida a René y nos sentimos orgullosos con su incorporación a la Firma, que se alinea con nuestra política de construir un equipo con los mejores talentos para seguir ofreciendo una experiencia única de servicio a nuestros clientes.

El 06 de abril de 2016, mediante Sentencia No.002-16-SAN-CC, la Corte Constitucional dictó sentencia en los casos acumulados No 039-10 AN y 033-12-AN, presentados por la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay FOA, el Coordinador de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y Acción Ecológica; como acción por incumplimiento de los artículos 1, 3, 4, 12 y disposiciones finales del Mandato Constituyente N0 6 (conocido como Mandato Minero o MM), publicado en el Registro Oficial No321 de 22 de abril de 2008.

En lo sustancial, la Corte ha rechazado las acciones acumuladas y establece que desde la entrada en vigencia de la Ley de Minería o LM (Registro Oficial N0 517 de 29 de enero de 2009) son las normas de esta ley las que prevalecen sobre las del MM en caso de existir conflicto, lo que confirma su muerte oficial.

Aunque no coincidimos con esta tesis de la Corte, pues hemos sostenido desde hace mucho tiempo que el MM fue derogado con la vigencia de la nueva Constitución, no es menos cierto que el MM fie elaborado con el ánimo de ser un régimen emergente y transitorio. Textualmente dice el MM: <<…hasta que entre en vigencia una nueva Ley de Minería con regulaciones seguras y eficientes acordes al modelo de desarrollo del país>>. La LM, por su parte, es precisamente ese marco jurídico con carácter general y permanente. No tendría sentido aplicar una medida provisional contra el sistema permanente creado por la nueva ley, a la que el mismo MM hace referencia.

La Ley de Minería fue expedida el 29 de enero de 2009 y sus reglamentos de aplicación varios meses posteriores. A fin de armonizar los derechos mineros que sobrevivieron al MM, la autoridad decidió sustituir los títulos anteriores. Este proceso concluyó y ahora los concesionarios cuentan con títulos sustituidos conforme el actual régimen regulatorio.

Las disposiciones del MM fueron expedidas a fin de extinguir derechos mineros expedidos de acuerdo al régimen anterior, es decir, cuando las concesiones mineras otorgaban derechos reales similares a la propiedad inmobiliaria. Una vez que el régimen legal minero cobró vigencia, dichos derechos reales se extinguieron y fueron sustituidos por derechos de naturaleza personal conforme el marco regulatorio de la LM.

No es menos importante que el Estado haya reconocido, a través del proceso de sustitución de títulos, que las concesiones actualmente vigentes están conformes con el nuevo régimen legal que nació con la promulgación de la Constitución en primer lugar, y con la LM y sus reglamentos posteriormente. El marco jurídico actual contradice las prohibiciones y supuestas causales de caducidad contempladas en el MM y, por el contrario, permite, regula y protege los derechos mineros reconocidos bajo la actual Constitución y Ley de Minería.

Análisis jurídico aparte, lo importante es que finalmente tenemos una decisión judicial, proveniente de la más alta instancia de control constitucional, que confirma la muerte del MM luego de una larguísima y dura agonía.

Sin duda, una buena noticia para la industria minera en Ecuador.

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Link Revista MINERGIA: https://issuu.com/minergiaec/docs/minergia_06/8

A continuación presentamos un resumen del Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0135, con las obligaciones de los empleadores públicos y privados:

Objeto: Normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones laborales, a través de la página web del Ministerio del Trabajo (MT) respecto de los siguientes temas:

a. Información de contratos:

Dentro de los 30 días laborables posteriores a la fecha de ingreso del trabajador. El empleador debe contar con los datos de todos sus trabajadores activos, incluyendo la información de las personas con discapacidad, sustitutos; y, las personas que tengan a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa;

b. Actas de finiquito por terminación de la relación laboral:

• plazo 15 días contados desde la terminación de la relación laboral en los casos de desahucio o terminación de la relación laboral de mutuo acuerdo;

• En los demás casos, el plazo es de 30 días contados desde la terminación de la relación laboral;

• Si el ex trabajador no acude a cobrar su liquidación o se niega a recibirla, el empleador deberá consignar los valores en un plazo máximo de 15 días contados a partir del vencimiento del plazo para el registro de las actas de finiquito, debiendo seguir el siguiente procedimiento:

• Generar el acta de finiquito a través de la página web del MT;
• Acudir ante un Inspector de Trabajo, quien revisará el acta y autorizará el depósito a la cuenta del MT; y,
• Cargar el comprobante de pago en la página web del

c. Cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad:

Las empresas que tengan más de 25 trabajadores, deberán contar con al menos 4% de trabajadores con discapacidad;

d. Registro de información de personas con discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa.

Las resoluciones de trabajadores sustitutos emitidas antes de la vigencia de este Acuerdo mantendrán su vigencia por el tiempo que dure la relación laboral y mientras cumplan con los requisitos que establece la Ley Orgánica de Discapacidades.

e. Seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos.

Las obligaciones del empleador son:

• Designar los responsables y recursos materiales y humanos para realizar la gestión de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos;
• Planificar las acciones para la aplicación de la normativa vigente;
• Ejecución y gestión conforme a lo declarado y reportado;
• Difunsión al personal a su cargo;
• Mantener actualizado el archivo con los documentos que sustenten lo registrado, aprobado y reportado en la página web del MT.

Los empleadores que a la presente fecha tengan registrado y aprobado el reglamento de higiene y seguridad del trabajo a través del Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo—SAITE y que se encuentren vigentes, deberán actualizar la información conforme al presente Acuerdo Ministerial, hasta el 31 de diciembre de 2017.

f. Reglamento interno de trabajo

Todo empleador que cuente con más de 10 trabajadores deberá elaborar y registrar en la página web del MT, el Reglamento Interno de trabajo, de forma obligatoria, en un plazo máximo de 15 días, a partir de la expedición del presente Acuerdo Ministerial.

Multas por incumplimiento de las obligaciones o plazos:

El MT podrá imponer multas por cada trabajador no registrado en la página web del MT, sin que la suma de las mismas supere los 20 SBU (US$ 7.500);

-­‐ Por falta de registro de las actas de finiquito o pago de los valores, el MT notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días desvirtue la infracción; caso contrario, se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una multa de US$200. La multa se impondrá por cada acta de finiquito no  registrada, sin que la suma de las mismas en cada proceso sancionatorio pueda superar los 20 SBU (US$7.500). El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del acta de finiquito y pago de los valores establecidos, lo que deberá efectuarse en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria, pudiendo ser sancionado, siguiendo el mismo proceso, hasta que cumpla con su obligación.

Por incumplimiento en el porcentaje de inclusión de trabajadores con discapacidad,  la multa es de 10 a 15 SBU (US$ 3.750 a US$ 5.625) y/o suspensión de actividades hasta por 30 días;

-­‐ Por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos, las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público notificarán al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 5 días contados desde su notificación desvirtuen el incumplimiento, caso contrario el MT impondrá al empleador una multa equivalente a US$ 200 por cada trabajador; hasta un máximo de 20 SBU (US$7.500). El inspector del trabajo que hubiere determinado el incumplimiento deberá solicitar un informe técnico previo a la determinación de la multa, a la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, en el que se podrá recomendar como medida preventiva la suspensión de actividades y/o el cierre de lugares o medios colectivos de labor de manera provisional, por el período de tiempo que se estime conveniente, en los que se atentare o afectare a la salud seguridad e higiene de los trabajadores.

-­‐ Por falta de registro del Reglamento Interno, el MT notificará al empleador con una providencia preventiva de sanción para que en 5 días desvirtue la infracción, caso contrario se emitirá la Resolución sancionatoria estableciendo una multa equivalente a US$200. El pago de la multa no exime al empleador de cumplir con el registro del Reglamento Interno, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la Resolución sancionatoria.

Obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión de riesgos: El empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto de los siguientes temas:

1. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
2. Mediciones
3. Identificación y evaluación de riesgos laborales
4. Planes de Seguridad, Higiene, Salud ocupacional. Emergencia, Contingencia, otros
5. Planos
6. Programas
7. Reglamento de Higiene y Seguridad
8. Responsables de seguridad e higiene
9. Organismos paritarios
10. Unidad de seguridad e higiene
11. Vigilancia de la salud
12. Servicio médico de empresa
13. Brigadas
14. Simulacros
15. Matriz de Recursos
16. Formación y capacitación del personal en prevención de riesgos laborales
17. Adecuación de los puestos para personas con discapacidad
18. Medidas de seguridad, higiene y prevención
19. Otros que fueran definidos por la autoridad laboral en base a la normativa legal en la

El MT emitirá progresivamente los instructivos y/o manuales para establecer los procedimientos y plazos para el registro, aprobación, notificación y/o reporte de las obligaciones antes detalladas. Los formatos estandarizados, guías e instructivos, en materia de seguridad y salud en el trabajo se encontrarán en la página web del MT.

Control: Los Inspectores de Trabajo realizarán el control del cumplimiento de las obligaciones laborales.

Fecha de vigencia de este Acuerdo Ministerial: 29 de agosto de 2017.

Fecha de publicación en el Registro Oficial: 20 de octubre de 2017.

En Registro Oficial No. 218, de 10 de abril de 2018, se expidió  la Resolución No. SCVS-INS-2018-007, Norma para la determinación de cláusulas obligatorias y prohibidas aplicables al contrato de seguro en todos los ramos.

La mencionada resolución contiene un acápite relacionado a las denominadas Cláusulas Obligatorias.  A continuación, resaltamos los principales cambios:

1. Se realizó una importante modificación con respecto al financiamiento de las primas; de esta manera, habrá reglas claras tanto para las empresas aseguradoras como para los asegurados, que contribuirán a evitar la mora.

2. El infraseguro es aplicable sólo en los casos de pérdidas parciales, dependiendo de la modalidad de contratación con respecto a la suma asegurada y ya no es aplicable en casos de destrucción o pérdida total del bien asegurado.

3. En cuanto a la alegación de la aseguradora de supra seguro, deberá proceder con la devolución de la prima cobrada en exceso.

4. Respecto a seguros de responsabilidad civil se aclara que cuando exista una sentencia ejecutoriada de reconocimiento de la indemnización, la prescripción empezará a correr a partir de la ejecutoria.

5. Las compañías de seguro, a partir de la presente resolución, tendrán la obligación de utilizar transferencias o medios de pagos electrónicos, a efectos de llevar a cabo reembolsos y pago de siniestros a los asegurados. Esto significa que las compañías aseguradoras, de ahora en adelante, deberán eliminar el cheque como medio de pago para cumplir sus obligaciones con los asegurados.

Dentro de las cláusulas prohibitivas encontramos:

1. No se podrá colocar en las pólizas aquellas cláusulas en las que se le prohíba al asegurado presentar reclamos administrativos o someter la controversia a la vía judicial.

2. Aquellas cláusulas que pretendan limitar los medios de prueba que puede utilizar el asegurado o que pretendan invertir la carga de la prueba en su perjuicio.

3. Se prohíben aquellas cláusulas que se refieren a la caducidad y pérdidas de derecho del asegurado, en caso de incumplimiento de cargas difíciles o imposibles de ser ejecutadas por el asegurador, o que no tengan proporcionalidad con la gravedad del siniestro.

En la resolución se establecen ciertas condiciones que deberán observar las compañías de seguros al momento de la suscripción de la póliza, como son:

1. Se debe proveer al asegurado una copia electrónica de la póliza correspondiente, en la que se incluyan las condiciones generales y particulares. Si el asegurado requiere una copia física, la compañía de seguros deberá entregarla en un plazo máximo de cinco (5) días.

2. La letra de la póliza no podrá ser inferior a diez (10) puntos tipográficos.
3. El asegurado o beneficiario de la póliza podrá solicitar a la compañía aseguradora un resumen de la misma, con los puntos más relevantes.

4. Las observaciones que se realicen a la póliza por parte del ente regulador deberán ser incorporadas a la póliza.

5. La suscripción de la póliza deberá realizarse por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

Esta resolución es un avance destacable en el área de seguros, ya que implica una modernización en cuanto a la emisión de las pólizas y la manera en que las compañías aseguradoras deberán realizar los pagos a sus asegurados.

Es recomendable que las compañías de seguros analicen las implicaciones de esta normativa y se ajusten a esta nueva realidad, haciendo énfasis en la revisión de los clausulados de las pólizas en los ramos en que operan.