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ACTUALIZACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA MINERA 2019-2030

A través del Acuerdo Ministerial No. 28, de 22 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables emitió la Actualización a la Política Pública de Minería, que ha estado vigente desde 2016. Esta propuesta fue redactada con contribuciones del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).

El documento preparado tiene seis conceptos estratégicos, para los cuales se ha establecido la política pública respectiva con ciertas pautas e intervenciones efectivas del Estado. A continuación se presenta un breve resumen:

CONCEPTO 1 – DESARROLLO ECONÓMICO: busca posicionar la minería como un sector económico relevante en el país, al aumentar y diversificar la producción, permitiendo inversiones privadas nacionales y extranjeras a largo plazo. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las siguientes intervenciones efectivas:

  • Incentivos fiscales que atraigan inversiones, como reembolso de impuestos, garantía fiscal y contratos de estabilidad, y permisos para inversiones en zonas fronterizas.
  • Foros nacionales e internacionales que permitan establecer convenciones y acuerdos de cooperación internacional.
  • Modelos comerciales y contractuales entre el Estado y los concesionarios, que contengan las disposiciones mínimas necesarias.
  • Articulación para el sector minero con industrias relacionadas (suministros mineros, metalurgia, procesamiento de metales y fundición); y, el establecimiento de concentraciones territoriales de empresas mineras a pequeña escala.

CONCEPTO 2 – SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL: Los objetivos de este concepto son: i) promover la adopción de buenas prácticas ambientales y de seguridad; y, ii) coordinar las relaciones entre las partes interesadas de la minería, mediante el fortalecimiento de las relaciones con la comunidad y la responsabilidad social de los concesionarios, y reforzar los niveles de gobierno a través del diálogo. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las siguientes intervenciones efectivas:

  • Remedíación de pasivos ambientales causados por operaciones mineras abandonadas o inactivas, incluyendo incentivos, tales como trabajos para impuestos. Además, esto requiere fideicomisos y bonos y garantías financieras para cubrir cualquier daño ambiental potencial.
  • Ayuda relacionada con las regulaciones ambientales, incluyendo el suministro de información, talleres y asistencia para mineros artesanales y de pequeña escala.
  • Incentivos para el cumplimiento de la normativa laboral.
  • Canales de comunicación sobre los beneficios de la minería.
  • Definición y ejecución del procedimiento de consulta previa gratuita e informada, que incluya la verificación de la presencia de aldeas, naciones, municipios y comunidades, de conformidad con el marco jurídico.
  • Articulación de acciones estatales para brindar servicios básicos en las áreas de influencia, cubriendo las necesidades de las comunidades, reduciendo las brechas identificadas y obteniendo la licencia social para inversiones mineras.
  • Incentivos para que los gobiernos locales de las áreas de influencia utilicen los recursos derivados de las regalías mineras.

CONCEPTO 3 – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: busca fomentarla investigación, la innovación, la transferencia de tecnología y el espíritu empresarial en el sector minero, a través de líneas de cooperación internacional y asociación entre los sectores público, productivo y educativo. Como resultado, se espera que se fortalezca la formación, capacitación y educación de trabajadores calificados y certificados en el país. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las siguientes intervenciones efectivas:

  • Otorgar subvenciones, subsidios directos, provisión pública directa de servicios de investigación e incentivos fiscales para empresas mineras de gran y mediana escala, institutos de investigación públicos, universidades y centros de investigación.
  • Adopción de tecnología y conocimiento para apoyar la productividad y el crecimiento de la minería en pequeña escala.
  • Revisión de aspectos técnicos (diseños de explotación, volúmenes de producción, infraestructura asociada, requisitos fiscales, entre otros) para todos los regímenes.
  • Creación del Banco de Información Geológica del Ecuador.

CONCEPTO 4 – GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: El objetivo de este concepto es articular las funciones y autoridades de las instituciones públicas involucradas en el sector minero, a través de la coordinación intra e intersectorial, la transparencia y el acceso a la información pública. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las siguientes intervenciones efectivas:

  • Reducción de procesos para obtener derechos mineros y para autorización de operaciones. Además, se fomentarán los medios centralizados (portales exclusivos) y los sistemas de información multisectoriales e intergubernamentales.
  • Reducción de los procesos requeridos para legalizar actividades artesanales y de pequeña escala.
  • Verificación de las áreas mineras mapeadas e implementación de medidas de seguridad operativa para el manejo transparente de la información.

CONCEPTO 5 – REGULACIÓN, CONTROL Y COMBATE A LA MINERÍA ILEGAL: Busca fortalecer la regulación y el control estatal a través de los procesos de auditoría, fiscalización y monitoreo de las actividades mineras. Adicionalmente, promueve la prevención, combate y sanción de la minería ilegal. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las siguientes intervenciones efectivas:

  • Identificación, priorización, desempeño y evaluación de acciones orientadas a erradicarla minería ilegal, definiendo atributos claros de cada una de las entidades que conforman la Comisión Especial de Control de Minería Ilegal (CECMI).
  • Uso de la tecnología en plantas de fundición, puertos y zonas fronterizas para controlar la trazabilidad de los minerales que se procesan y exportan, así como para verificar el cumplimiento de las normas fiscales.

CONCEPTO 6 – PARAMETROS: El objetivo de este concepto es promover mejoras a los parámetros legales, permitiendo la seguridad jurídica, al mismo tiempo que fomentar el desarrollo minero de acuerdo con los requisitos del sector. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las siguientes intervenciones efectivas:

  • Coordinación con el Consejo Judicial para capacitar a jueces y procuradores generales sobre el marco legal minero.
  • Revisión de los conceptos estratégicos para identificar y proponer reformas que reduzcan los cuellos de botella críticos en el modelo de gestión del sector.

Finalmente, vale la pena mencionar que, dentro de los 180 días posteriores a la publicación del documento mencionado anteriormente, se espera la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Minero.


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