El 06 de abril de 2016, mediante Sentencia No.002-16-SAN-CC, la Corte Constitucional dictó sentencia en los casos acumulados No 039-10 AN y 033-12-AN, presentados por la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay FOA, el Coordinador de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y Acción Ecológica; como acción por incumplimiento de los artículos 1, 3, 4, 12 y disposiciones finales del Mandato Constituyente N0 6 (conocido como Mandato Minero o MM), publicado en el Registro Oficial No321 de 22 de abril de 2008.

En lo sustancial, la Corte ha rechazado las acciones acumuladas y establece que desde la entrada en vigencia de la Ley de Minería o LM (Registro Oficial N0 517 de 29 de enero de 2009) son las normas de esta ley las que prevalecen sobre las del MM en caso de existir conflicto, lo que confirma su muerte oficial.

Aunque no coincidimos con esta tesis de la Corte, pues hemos sostenido desde hace mucho tiempo que el MM fue derogado con la vigencia de la nueva Constitución, no es menos cierto que el MM fie elaborado con el ánimo de ser un régimen emergente y transitorio. Textualmente dice el MM: <<…hasta que entre en vigencia una nueva Ley de Minería con regulaciones seguras y eficientes acordes al modelo de desarrollo del país>>. La LM, por su parte, es precisamente ese marco jurídico con carácter general y permanente. No tendría sentido aplicar una medida provisional contra el sistema permanente creado por la nueva ley, a la que el mismo MM hace referencia.

La Ley de Minería fue expedida el 29 de enero de 2009 y sus reglamentos de aplicación varios meses posteriores. A fin de armonizar los derechos mineros que sobrevivieron al MM, la autoridad decidió sustituir los títulos anteriores. Este proceso concluyó y ahora los concesionarios cuentan con títulos sustituidos conforme el actual régimen regulatorio.

Las disposiciones del MM fueron expedidas a fin de extinguir derechos mineros expedidos de acuerdo al régimen anterior, es decir, cuando las concesiones mineras otorgaban derechos reales similares a la propiedad inmobiliaria. Una vez que el régimen legal minero cobró vigencia, dichos derechos reales se extinguieron y fueron sustituidos por derechos de naturaleza personal conforme el marco regulatorio de la LM.

No es menos importante que el Estado haya reconocido, a través del proceso de sustitución de títulos, que las concesiones actualmente vigentes están conformes con el nuevo régimen legal que nació con la promulgación de la Constitución en primer lugar, y con la LM y sus reglamentos posteriormente. El marco jurídico actual contradice las prohibiciones y supuestas causales de caducidad contempladas en el MM y, por el contrario, permite, regula y protege los derechos mineros reconocidos bajo la actual Constitución y Ley de Minería.

Análisis jurídico aparte, lo importante es que finalmente tenemos una decisión judicial, proveniente de la más alta instancia de control constitucional, que confirma la muerte del MM luego de una larguísima y dura agonía.

Sin duda, una buena noticia para la industria minera en Ecuador.

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Link Revista MINERGIA: https://issuu.com/minergiaec/docs/minergia_06/8

The invitation is to the members of Terralex.

McMillan LLP and Tobar ZVS LLP are warmly inviting you to the — first ever — TerraLex Mining practitioners gathering in connection with the annual PDAC Convention in Toronto.

The meeting will take place at McMillan’s Toronto office (details enclosed below).

This is a great opportunity to connect with new and old TerraLex contacts from around the world. Let’s make this an annual Mining tradition!

You may register using the link below. Your response is appreciated by Tuesday, February 27, 2018.

REGISTER: https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ef4rt88448661f0e&oseq=&c=&ch=

Escucho voces que hablan de la minería como si se tratara del último y más novedoso azote bíblico. En algunos casos dicen defender las fuentes de agua o la virginidad de tierras paradisíacas, y no dudo en absoluto de que la pureza de los ríos y la intangibilidad de áreas protegidas deba ser defendida por todos los que tengan un real y legítimo interés en la conservación del medio ambiente, pero no creo una sola palabra pronunciada por activistas o defensores gremiales que o bien se benefician de las ONGs, o lo hacen del chantaje a los inversionistas mineros.

Otros detractores, más bien ingenuos, se suman al discurso antiminero creyendo que enarbolan la bandera del ambientalismo, sin darse cuenta de que son solo los tontos útiles de un sistema cuyo trasfondo no está en el dinero que hacen ciertos activistas comprados, sino en el gran negocio oculto detrás de esta campaña de desprestigio: la explotación irracional de los recursos a través de la minería ilegal.

De modo que todos aquellos que sueñan con un territorio “libre de minería”, y que se lanzan a la guerra contra las grandes empresas, en realidad están luchando una falsa batalla que deja ingentes ganancias a los mineros ilegales, mafias que tienen a su servicio cuadrillas de esclavos que son los que terminan explotando esos recursos, y lo hacen, por supuesto, sin tecnología, sin una sola medida a favor del medio ambiente, sin responsabilidad laboral o de salud, sin pagar impuestos y en circunstancias de riesgo e inseguridad alarmantes.

¿O acaso somos tan bobos que nos creemos el cuento del país “libre de minería” cuando sabemos (los mineros informales y los pseudo activistas sí que lo saben), que contamos con enormes reservas de oro, cobre y otros metales valiosos?

Si alguien aún se lo cree, solo pregúntese por qué nadie ha eliminado los mayores focos de explotación ilegal: Nambija, Zaruma, Portovelo o la más reciente zona roja, Buenos Aires, una conflictiva localidad de Imbabura que ya tiene en sus breves registros varias muertes violentas. El desastre ecológico, la explotación humana y sus niveles de inseguridad son ampliamente conocidas en el país, y, sin embargo, los ilegales siguen trabajando allí alentados por “activistas” que atacan a la minería formal.

En contraste con nuestra realidad están las multimillonarias inversiones realizadas por empresas mineras en Canadá, Australia o Chile, este último país que en las últimas décadas redujo la pobreza y saltó del séptimo puesto al primero en PIB de Latinoamérica, fundamentalmente por su producción minera y de manera especial por el cobre.

Resulta inconcebible un mundo sin minería industrial. La ciencia, la tecnología o la medicina requieren minerales. La conexión, esta necesidad vital de hoy, se hace con el cobre. Otros metales nos permiten tener computadoras o celulares para que, por ejemplo, las mafias ilegales ataquen a la minería formal y ustedes, sus inocentes alfiles, les sigan haciendo el juego.

Artículo Publicado: Domingo 09 de diciembre 2018

Fuente: El Comercio (https://www.elcomercio.com/opinion/oscar-vela-descalzo-trasfondo-antiminero.html)