La propiedad intelectual (PI) es un motor clave para la innovación, la inversión y el desarrollo económico en cualquier país. En Ecuador, la entidad encargada de gestionar y proteger estos derechos es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). En los últimos tiempos, SENADI ha impulsado varias mejoras para modernizar sus procesos y acercar sus servicios a todo tipo de usuarios, incluyendo emprendedores, pequeñas, y medianas empresas. Sin embargo, aún es indispensable avanzar con mayor fuerza y urgencia para garantizar una gestión eficiente, moderna y capaz de responder a las exigencias del mundo globalizado. Estamos lejos de tener una oficina de propiedad intelectual a la altura de las necesidades del país especialmente si la comparamos con las oficinas más eficientes en América Latina. Esta situación se debe, en gran medida, a la falta de talento humano y a un desequilibrio injusto en la gestión de los recursos que la propia Institución genera.
Retos actuales: falta de personal y recursos
Partiendo de que tenemos una ley muy deficiente en materia de propiedad intelectual, lo cual de por si es un reto para el SENADI, otra de las principales limitaciones del SENADI es la insuficiencia de personal altamente capacitado, así como la carencia de sistemas tecnológicos y de calidad que permitan una gestión ágil, transparente y segura. Esto impacta directamente en la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, y genera un clima de incertidumbre para quienes invierten, innovan o desean abrir negocios en Ecuador.
Un desbalance injusto en el manejo de recursos. Ilegalidad en el uso de las tasas.
El SENADI recaudó más de 11 millones de dólares durante el año 2024[1], mayormente por concepto de tasas oficiales que los usuarios pagan para registrar y proteger sus marcas, patentes, derechos de autor, obtenciones vegetales y otros activos intangibles. Sin embargo, solo recibe alrededor del 30% de estos ingresos para operar, mientras que el 70% restante es absorbido por el Estado central. Este esquema no resulta justo, ni legal, ni lógico para un país que pretende abrir su economía al mundo y consolidar su posición en mercados internacionales.
La disposición de las tasas que se pagan al SENADI por parte del Estado central es ilegal, pues no olvidemos que las tasas son: «tributos cuya obligación surge por la prestación de un servicio público divisible e individualizado, o por una actividad administrativa que genera un beneficio directo al contribuyente, siempre que se cumpla con los principios de legalidad y proporcionalidad establecidos en el Artículo 300 de la Constitución» [2]. Las tasas son pagadas al SENADI por un servicio o prestación que presta esta institución del Estado, por lo que estos pagos deben ser utilizados única y exclusivamente por el SENADI para la prestación eficiente de estos servicios.
La propiedad intelectual como eje para el comercio exterior
La protección de la propiedad intelectual es un tema crucial en las relaciones comerciales con grandes socios como Estados Unidos y la Unión Europea. Para Estados Unidos, la falta de garantías sólidas en este campo es preocupante y una de las razones para aplicar medidas arancelarias restrictivas. De hecho, esta ha sido una de las razones para que este país haya decidido aplicarnos los temidos aranceles.
Para la Unión Europea estos temas son de muchísima importancia y los toman muy en cuenta al momento de sentarse con sus socios comerciales. Es preocupante que ellos ya consideren públicamente que la ausencia de una protección efectiva para las obtenciones vegetales en Ecuador constituye una barrera comercial significativa.
Estas observaciones no son meras formalidades, sino señales claras de que Ecuador debe avanzar con pasos firmes para fortalecer su sistema de propiedad intelectual, no solo para cumplir con compromisos internacionales (tratados internacionales, acuerdos comerciales, entre otros), sino para fomentar un ambiente propicio para la inversión, la innovación y generación de empleo.
Un llamado urgente a la modernización y dotación de recursos
El nuevo Ecuador demanda instituciones robustas y eficientes. El SENADI debe disponer de los recursos que genera para fortalecer su equipo humano, actualizar sus sistemas tecnológicos y mejorar la calidad de sus servicios.
Además, es prioritario impulsar cambios legales profundos que sustituyan el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación (mal llamado “Código Ingenios”). Esta ley, promulgada en diciembre de 2016, es una nefasta herencia del correísmo que está concebida y dirigida a proteger lo mínimo posible a la propiedad intelectual. La derogatoria de la Ley de Propiedad Intelectual de 1998 y aprobación del Código Ingenios disminuyó sustancialmente la protección de los derechos de propiedad intelectual y es urgente que se reforme la legislación para tener una protección adecuada de tales derechos. A pesar de que se le han hecho pequeños cambios y leves mejoras, está muy lejos de proteger en forma eficaz a los titulares de derechos de propiedad intelectual y contiene muchas disposiciones que están en contra de acuerdos internacionales de los que Ecuador es parte y que debe respetarlos.
El nuevo Ecuador requiere una ley de propiedad intelectual moderna, coherente con las mejores prácticas internacionales y que sirva como ejemplo en la región.
Proteger adecuadamente la propiedad intelectual es proteger el valor de nuestras ideas, emprendimientos y patrimonio cultural. Es una condición sine qua non para abrir puertas en el mercado global, atraer inversiones de calidad, crear empleos y asegurar un desarrollo sostenible.
Es hora de que el Ecuador apueste decididamente por un sistema de propiedad intelectual fuerte, eficiente y acorde con su vocación de país abierto, innovador y competitivo.
[1] https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/2025/08/FASE_3_Informe_detallado_Rendicion_Cuentas_Definitivo.pdf
[2] Corte Constitucional del Ecuador. (2020). Sentencia No. 123-20-JH/20, Registro Oficial Suplemento 456, 15 de octubre de 2020.
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