En el año 2016, cuando la Asamblea adscrita al gobierno anterior estaba a punto de aprobar el denominado Código de Ingenios, de cuyo nombre real nadie quiere acordarse, se advirtió que esa ley, como casi todas las gestadas en aquel período, se sostenía en postulados ideológicos marxistas y, lejos de regular y proteger los derechos de propiedad intelectual, pretendía limitarlos, eludirlos o conculcarlos.
Apenas han pasado algo más de dos años desde su promulgación y ya se habla de la necesidad urgente de derogar o al menos reformar este código.
El nuevo gobierno, que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos al complicado proceso de desmantelamiento de la corrupta y dogmática estructura del socialismo del siglo XXI, recibe mensajes diarios sobre tres ejes esenciales para que la inversión llegue al país: estabilidad económica, seguridad jurídica y una ley efectiva de protección a la propiedad intelectual.
Muchos de los noveleros que en su momento se encaramaron por distintas razones y diversos intereses en la aventura del Código de Ingenios, hace rato hicieron mutis por el foro. Otros, en cambio, decepcionados porque no llegaban las prebendas ofrecidas, ni les caían del cielo los billetes prometidos por su genialidad, se convirtieron, guitarra, pincel o pluma en mano, en los principales detractores de la ley. Y es que a veces cuesta entender que el talento no nace por decreto ni se alcanza por imposición o disposición legal.
Pero a pesar de los enormes vacíos, trampas y trabas que tiene el Código de Ingenios, de sus contradicciones y peligrosas subjetividades, el SENADI (antes IEPI), que es la autoridad en materia de propiedad intelectual en el país, soportado además por la normativa vigente en tratados internacionales, ha hecho un buen trabajo para garantizar la adquisición, el ejercicio y la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual durante los últimos años.
Lamentablemente, hace pocos días, como resultado del recorte presupuestario del gobierno, se despidió a más de treinta funcionarios del SENADI, con el agravante de que esta institución genera sus propios recursos por las tasas que recibe de los usuarios de sus servicios. Solo el año 2018 el SENADI generó casi diez millones de dólares y utilizó en su presupuesto algo más de cinco millones.
Es evidente que si se mantiene un servicio adecuado, sin recortes de personal, los usuarios confiarán en la autoridad y sus ingresos crecerán exponencialmente.
Ahora que se ha entrado en este proceso irreversible de derogatoria o reforma del código, se debería pensar en otorgar otra vez autonomía económica al SENADI, tal como la tuvo en su momento el IEPI antes de que las huestes verdes metieran mano en sus arcas.
Con este cambio se garantizará una protección real de los derechos de propiedad intelectual y se atraerá a los inversionistas que hoy nos miran de lejos, con dudas y prevenciones, después de aquella década extraviada entre el dogma, el abuso y el saqueo.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: https://www.elcomercio.com/opinion/oscar-vela-descalzo-codigo-ingenios.html.
